En el contexto del nuevo Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la exigencia de acudir a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) como requisito de procedibilidad para la admisión de ciertas demandas judiciales representa un cambio estructural profundo.

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