La Ley 1/2025 de eficiencia en el servicio público de justicia es la más ambiciosa de los últimos años tanto por el profundo cambio en la estructura organizativa de la Administración de justicia como por la introducción de dos cambios importantísimos tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal: la introducción de los MASC como requisito de procedibilidad y la regulación procesal de la justicia restaurativa.